Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una sociedad equitativa y justa.

En su origen, las leyes establecieron los comportamientos que estaban permitidos o prohibidos en una comunidad. Lo anterior lo establecían los reyes y el grupo de personas cercanas a ellos, quienes buscaban mantener el orden y la obediencia de la población, así como sus privilegios como clase gobernante. Por ello, las normas inscritas en la piedra de basalto que contiene al Código de Hammurabi se refieren a los comportamientos considerados ilícitos y al castigo que se les daría.

Aunque los castigos planteados en ese código pueden parecernos inhumanos en la actualidad, representaron un paso adelante frente a la venganza que cada persona o familia podía llevar a cabo si consideraba que había sido ofendida. La justicia de las leyes tuvo que ver, por mucho tiempo, con que la población reconociera que solo la autoridad pública podía aplicar castigos y que estos, justos o no, estaban señalados en las leyes.

Las transformaciones que las leyes han tenido a lo largo del tiempo muestran diferencias en la manera de concebir a las personas y en el valor que dan a la vida humana. La idea de justicia presente en ellas es también distinta: en algunos casos una vida vale lo mismo que una casa mal construida o una bofetada equivale a una oreja. Lo anterior hace evidentes las desigualdades que han existido en las sociedades que crearon tales leyes; por ello, las normas se crearon para los súbditos, algunos de los cuales son personas libres y otras viven en condiciones de esclavitud o vasallaje.

Con la Revolución francesa de 1789, la igualdad se convirtió en uno de los principios básicos en las leyes, al lado de la libertad y la fraternidad. Al reconocerse que los ciudadanos son iguales, la dignidad y los derechos de todos deberían ser protegidos por las leyes. La justicia se transformó en otra más humana.

En el video que aparece enseguida observa las consecuencias de una sociedad injusta.

Un principio básico de la democracia es la igualdad: la democracia es el gobierno de quienes son iguales, por lo que su opinión, es decir, su voto es igualmente valioso para elegir a sus gobernantes e influir en las decisiones que ellos toman para todos. La igualdad consiste en reconocer que todas las personas que integran una nación tienen el mismo valor, es decir, la misma dignidad y son acreedores de los mismos derechos.

Como recordarás, la aplicación imparcial que las autoridades están obligadas a hacer de las leyes y las normas tiene que ver con la igualdad de trato hacia las personas, sin importar su color de piel, lengua, condiciones económicas y de salud, origen étnico u orientación sexual.

Las leyes son importantes en las sociedades democráticas, ya que garantiza los mismos derechos a todas las personas como muestra de reconocimiento a la dignidad humana. Pero, como viste en el caso de la imparcialidad con que deben aplicarse las leyes, el ejercicio de la igualdad ante la ley también requiere ser vigilado por la ciudadanía.

El desarrollo de la justicia ha tenido avances y retrocesos a lo largo del tiempo. Las sociedades son cada vez más complejas y cada día se van reconociendo nuevos derechos. Pero la justicia no se aplica por el solo hecho de tener leyes justas, también ocurre cuando se llevan a cabo verdaderas acciones en las que todas las personas —con independencia de sus características y condiciones— son tratadas con igualdad.

Al vivir en un país diverso a la vez que desigual como el nuestro, te preguntarás cómo puede cumplirse la igualdad ante la ley. Es un hecho que quienes vivimos en México presentamos notables diferencias físicas y culturales, debido a la manera en que se conformó históricamente nuestra nación: diversas culturas mesoamericanas, la colonización europea durante tres siglos y diversas oleadas de migrantes.

Ante tal diversidad, es claro que todas las personas son igualmente dignas. Lo mismo se aplica respecto a hombres y mujeres que a quienes tienen una discapacidad física o bien una orientación sexual distinta a la de la mayoría. En estos casos, el reto para hacer efectiva la igualdad ante la ley tiene que ver con los prejuicios y actos de discriminación.

El compromiso con las leyes por parte de las autoridades y de la ciudadanía contribuye a fortalecer la vida democrática de un país. Para ello, se requiere de un conocimiento claro de los derechos que deben respetarse y de la información sobre la manera en que se hacen efectivos en la vida diaria.

La igualdad ante la ley es una condición que se encuentra garantizada por las leyes mexicanas, en particular la Constitución, así como los documentos internacionales de protección de derechos humanos que nuestro país ha firmado. Sin embargo, dicha igualdad aún constituye una meta por alcanzar en diversos ámbitos de la vida social.

La igualdad de las personas ante la ley es indispensable para una vida digna. En una sociedad que cuenta con igualdad se establecen las condiciones para la equidad y la justicia. En México, la construcción de una sociedad igualitaria ha estado interrumpida por los problemas de desigualdad social y económica que repercuten en las posibilidades de su población para vivir dignamente.

Nuestra sociedad es heredera de su historia y, al igual que otras sociedades latinoamericanas, enfrenta grandes desafíos para que la igualdad de la ciudadanía ante la ley se cumpla por completo. Diversos intereses, principalmente económicos, han marcado límites a la posibilidad de que, en nuestro país, la igualdad de las personas ante la ley sea una realidad.

La equidad es el conjunto de condiciones, iguales o equivalentes, que permite a todas las personas acceder a los derechos que tienen.

La igualdad ante la ley significa que los derechos humanos que garantiza nuestra Constitución sean para todos sus habitantes. La igualdad también tiene que ver con la conformación del gobierno democrático, donde todas las personas mayores de 18 años tienen los mismos derechos y responsabilidades de elegir y participar en el gobierno. Para que estos derechos se hagan efectivos, se requiere de garantías, es decir, de medidas concretas por medio de las cuales toda la población cuente con las oportunidades necesarias para ejercerlos. Por ejemplo, el derecho a recibir servicios de educación y salud. En el caso de la elección de gobernantes, se requiere de información y acceso a espacios de participación de toda la población.

La justicia es un principio que guía la acción de las instituciones, las autoridades y la ciudadanía en una sociedad democrática. El principio de justicia está presente de diversas maneras, algunas manifestaciones de cuando eso sucede son las siguientes:

- existe un conjunto de leyes que rigen la vida pública;

- las leyes son justas al orientarse hacia la protección de los derechos humanos;

- las leyes se aplican con imparcialidad; y

- se reconoce la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas.

Cuando la igualdad de las personas ante la ley se cumple, se superan diferencias y las coloca en un plano de equidad. Un ejemplo de lo anterior son las elecciones, donde la ciudadanía acude a las casillas electorales a emitir su voto. En este caso, todos los votos valen lo mismo: un voto; sin importar quién lo emita, dónde viva, a qué se dedique, si es hombre o mujer, joven o anciano.

La igualdad ante la ley es un criterio que permite apreciar el grado de justicia que existe en una sociedad a partir del valor que las autoridades y la ciudadanía otorgan a las leyes. El uso imparcial de la ley por parte de la autoridad es una forma de reconocer la igualdad que todas las personas tienen ante la ley.

La ciudadanía también tiene una importante función jugar para que se le reconozca dicha igualdad: exigir garantías a sus derechos, evitar incurrir en sobornos, favoritismos o clientelismos. En la medida que se reconoce la igualdad ante las leyes, una sociedad será más democrática y justa.

México es un país desigual. En 2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 52.4% de la población mexicana vive en situación de pobreza, al tiempo que 7.4% se encuentra en situación de pobreza extrema. La pobreza afecta el ejercicio de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La desigualdad social y económica es resultado de un conjunto de relaciones y condiciones que se establecen entre diversas esferas de la sociedad: económica, política, cultural. Para modificarlas a favor de una vida justa y equitativa, se requiere que la ciudadanía conozca sus derechos para participar con las autoridades en la construcción de mejores condiciones para todos.

En una sociedad democrática se precisa que todos sus miembros tengan claridad de sus derechos, así como de las condiciones que les permiten vivir con dignidad y justicia.